“Cocinas”, fosas y exterminio: la impunidad institucionalizada en el México contemporáneo

En México no hay guerra declarada, pero existen hornos clandestinos, “cocinas” químicas para desaparecer cuerpos humanos, fosas comunes que superan las cifras de dictaduras sudamericanas, y un Estado que calla. La pregunta que el Derecho Penal Internacional impone es: ¿estamos ante crímenes de lesa humanidad? La respuesta es sí.

La sistematización y generalidad de los actos —desapariciones, asesinatos, tortura y ocultamiento de cadáveres— no son hechos aislados. Son parte de una estructura organizada de violencia dirigida contra una población civil, con tolerancia, colaboración o participación directa de agentes estatales. Así lo establece el Artículo 7 del Estatuto de Roma.

El gobierno mexicano, lejos de actuar como garante de derechos humanos, ha optado por el negacionismo estructural. No reconoce la magnitud de los crímenes, reduce el fenómeno a “delitos del crimen organizado” y abandona a las familias buscadoras. Esto no solo es una traición moral, sino una violación del principio de debida diligencia reforzada en contextos de macrocriminalidad.

La indiferencia gubernamental actual —disfrazada de discursos de paz— ha contribuido a la consolidación de verdaderos campos de exterminio modernos en entidades como Guerrero, Tamaulipas, Jalisco y Veracruz. La negación del fenómeno y la renuencia a una política penal internacionalizada constituyen una forma de encubrimiento.

Los “campos de exterminio” no son una metáfora. Son realidades físicas documentadas por peritos forenses, periodistas y defensores de derechos humanos. El gobierno actual, al no reconocerlos como tales, incurre en omisión dolosa, lo que conforme al Derecho Penal Internacional puede implicar responsabilidad directa de altos funcionarios por permitir que el aparato estatal funcione como facilitador de crímenes atroces.

Mareny Verenice Sánchez Navarrete